Actualidad

La negación institucional de la realidad violenta en nuestras aulas ha dado lugar a todo un esperpento que convierte a la violencia en rentable. Un sistema educativo que, hecho 17 pedazos, ha instrumentalizado las aulas al servicio de las causas del poder y convierte en víctimas o agresores a niños y niñas en edad escolar. Profesores citados en los juzgados, padres que denuncian a docentes, alumnos que atentan contra la dignidad de compañeros y profesores. Impunidad y judicialización ponen de manifiesto el fracaso de todas las instancias educativas, grupales, familiares y sociales. Un fracaso de todos, mientras planes de convivencia, observatorios y un sinfín de programas ineficaces dejan a padres, alumnos y profesores sumidos en la indefensión y abocados al recurso a los tribunales de justicia ante situaciones de violencia que vulneran derechos fundamentales y privan a nuestros niños y jóvenes de su derecho a una escuela libre de violencia.

Bully by Thomas Ricker in Flikr (CC BY 2.0)El acoso escolar es un problema de todos, pero cada familia de un niño victimizado en el entorno escolar debería exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración, porque la escuela tiene el derecho y el deber de ser un lugar seguro y la Administración educativa ocupa una posición de garante sobre la salud y la seguridad del niño cuando éste se encuentra en el entorno escolar.

Es hora de hablar de futuro, de eficacia y de progreso, también en el mundo de la educación, pero resulta perversa la búsqueda de culpables entre alumnos que acuden a colegios e institutos a aprender. Porque más allá del debate sobre la Ley del menor, criminalizar a la infancia, crear nuevos chivos expiatorios es desconocer la esencia de un fenómeno grupal como el acoso y la violencia escolar, cuya responsabilidad corresponde única y exclusivamente a la institución educativa que, oculta tras sus costosos e ineficaces programas, pervierte el lenguaje, convierte en culpable a la víctima buscando en ella o en su familia la causa del maltrato que recibe, deja a directores y profesores al pie de los caballos e invierte en protegerse a sí misma los recursos que debiera poner al servicio de la protección de las víctimas.

Mientras la Comisión Europea recuerda que la educación y la formación, claves para la Estrategia Europa 2020, constituyen el motor para el crecimiento y el empleo, agresiones, faltas de respeto e indisciplina forman parte de la realidad diaria que profesores y alumnos respiran en las aulas españolas.

Basta ya de planes ineficaces, de costosos programas, de fundaciones y ONGs en los centros educativos, de paracaidistas y bienintencionados que hacen del acoso escolar un proceso endémico que unido a la victimización secundaria se arrastra durante meses y años y acaba siempre con la estigmatización y expulsión de la víctima como si de un cuerpo extraño se tratara, con el aprendizaje de la indefensión y la rentabilidad de la violencia.

Tanto los últimos informes PISA como los informes Cisneros VII, IX y X han venido alertando acerca de la incidencia del clima escolar en los resultados de los alumnos y en los riesgos psicosociales de los docentes. Algo pasa en las aulas que sitúa a un elevado porcentaje de los jóvenes en alto riesgo de exclusión social, mientras la institución educativa ha desarrollado un sistema perverso que garantiza el silencio decretado sobre la violencia y el acoso en las aulas a niños de siete a 17 años.

No nos podemos permitir la pérdida de talento derivada de las conductas de maltrato escolar. Dos de cada tres casos de acoso escolar son antiguos y el estrés postraumático es la herida invisible que afecta a un 53% de los niños acosados, produce cambios permanentes en la personalidad y no remite con el paso del tiempo. Si la OMS, en su estudio HBSC para 35 países, alertó en 2004 de un 24% de acoso escolar en España, el Informe Cisneros X constató en 2007 que la víctima no es débil física ni psicológicamente y que la violencia social y psicológica multiplica por cuatro el daño por estrés postraumático, la ideación autolítica y los niveles de ansiedad grave.

Basta ya de mirar hacia otro lado. La violencia puede y debe medirse. Frente al modelo fracasado de los últimos 20 años, familias, profesores y alumnos exigen de sus poderes públicos una escuela libre de violencia física, psicológica y social y una Ley Integral de Prevención de la Violencia en las Aulas que erradique el acoso escolar, incorporando la identificación precoz y evaluación periódica de las conductas de maltrato para que puedan ser cortadas de raíz, dentro de una cultura de calidad en la educación.

Banner Perlas para Residentes