El pasado 29 de julio salió aprobado en el BOE  la  Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, como informamos en esta web. Esto implica que toda persona que trabaje o colabore con menores debe acreditar  no haber estado condenado por: Delitos contra la libertad e indemnidad sexual, Agresión y abuso sexual, Acoso sexual, Exhibicionismo, Provocación sexual, Prostitución, Explotación sexual, Corrupción de menores o Trata de seres humanos.

La obtención de este documento puede hacerlo el profesional a través del Registro Central de Delincuentes Sexuales en la página web del Ministerio de Justicia, por correo ordinario o de forma presencial. El justificante negativo de delitos penales, es gratuito.

El Presidente de la SEPEAP, Dr. Venancio Martínez ha querido hacer una reflexión sobre este nuevo requisito para los pediatras de Atención Primaria.

La Ley ha sido comentada y debatida en diferentes foros. En general se ha resaltado su valor positivo, aunque fundamentalmente no pasa de actualizar y repetir algunos aspectos de la protección a la infancia abordados en normas anteriores. También deja fuera algunas situaciones que pudieran ser importantes. Si bien no menciona a los pediatras, implícitamente se refiere a nosotros como “profesionales en contacto habitual con menores” y a los que para ejercer se nos debe de certificar que no somos delincuentes sexuales.
Si tuviera que comentar el fondo de la cuestión particular que se plantea ahora y que circula en diferentes medios y ambientes, en primer lugar apelaría a la sentencia que formuló el economista Carlo Cipolla en su libro más popular, y que nos advierte que siempre subestimamos el número de gente estúpida. Visto lo visto y oído lo oído, otra idea que me sugiere, y que muchos entenderán, es la de llamar la atención sobre el peligro de la corrección política dentro de la profesión médica y de todos sus mundos circundantes, que algunas veces traspasa el límite de la normalidad y del sentido común. Ambas cosas tienen que ver con la postmodernidad hegemónica y el pobre afán de algunos compañeros en colaborar contra el discurso más importante de la medicina. Eso por no decir de algunos políticos, supuestos defensores de los intereses de la infancia, jueces y periodistas. Que nadie se equivoque, porque esto se relaciona mucho con ese asunto. Es el sembrar la duda, intentar descalificar, generar desconfianza en las familias y postularse como inventores de derechos, de nueva ciencia y de una sociedad mejor. Insisto, el trasfondo es un constructo ideológico con intenciones perversas y el afán de protagonismo de algunos burócratas que justifican su puesto inventando casi nada.
Contra cualquier delito en el entorno del niño, cometido por quien sea, existen leyes suficientes y existe un código deontológico. Todos sabemos que se inventan demasiadas declaraciones, códigos y preceptos innecesarios, siendo muchos inútiles y algunos verdaderamente estúpidos. Ese punto de esta ley ha sido redactado de forma poco clara y tiene los tres defectos que digo.
El pediatra es todo lo contrario que un presunto culpable respecto de la vulneración de los derechos y la integridad física de los niños. Es valedor de su salud, de su seguridad y se preocupa por su felicidad. Por eso confiamos en que a nadie se le ocurra abrir una oficina para emitir esos certificados de buena conducta y de ausencia de taras sexuales a los que somos sus médicos.
Yo me pregunto: Si la mayoría de los abusos tienen lugar en el ámbito familiar y los padres son casi siempre quienes más tiempo pasan con sus hijos, ¿van certificarles su valía y hacerlos también a ellos presuntos culpables?.